La sociedad centroamericana muestra en la actualidad progresos democráticos, con gobiernos electos por la mayoría de sus ciudadanos mediante el voto libre. En algunas naciones, movimientos rebeldes del pasado, convertidos ahora en partidos políticos, han asumido el poder respaldados por elecciones. Con excepción de lo ocurrido en Honduras, en 2009, los golpes de Estado ya no son una constante en el escenario político. Sin embargo, paralelo a estos avances en la democracia, la región experimenta una persistente inseguridad que se traduce en violencia, crimen organizado y muertes violentas.
Aun cuando la tasa regional promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes ha disminuido en los últimos dos años, ésta aún está en torno a 31, lo que según la Organización Mundial de la Salud, debe ser considerado como una epidemia. Por su parte, las cifras más actualizadas sobre robo revelan que, en 2012, trece de cada cien centroamericanos fue víctima del mismo, y en el 50% de los casos, se utilizó algún tipo de violencia.
La inseguridad en Centroamérica no puede atribuirse a una causa simple. Esta tiene una explicación multidimensional en la que se mezclan tanto la falta de un crecimiento económico incluyente ―empleos formales y con remuneraciones suficientes para el bienestar de los hogares―, como la inequidad prevaleciente en el acceso y la calidad de la educación, la salud y el empleo, lo que ha provocado el estancamiento en la movilidad social. A estos factores se agregan el fácil acceso a elementos potenciadores de la violencia ―drogas, alcohol y armas―, así como la debilidad de los sistemas de seguridad y justicia y de protección social, con respuestas insuficientes para luchar contra la impunidad, prevenir el delito y garantizar la cohesión social.
En los últimos años, los gastos públicos en seguridad ―que cubren el financiamiento de los tribunales de justicia, la fiscalía, los servicios de policía y las instituciones de prevención y rehabilitación― equivalen a cerca del 1.6% del PIB regional, lo que representará en 2014, aproximadamente USD3,400 millones. Estas inversiones equivalen, aproximadamente al 18% del gasto social ejecutado en salud, educación, protección y asistencia social. Si bien es importante reconocer la necesidad de aumentar la presencia de los servicios de justicia y seguridad, los Estados deben aumentar los recursos destinados a la prevención del delito y la equidad social.
Luchar contra la inseguridad en Centroamérica requerirá de consensos sociales, que delimiten objetivos, metas a alcanzar y mayor financiamiento. Solo así se podrá poner en marcha un plan integral con dos esferas de trabajo: equidad y lucha contra la impunidad. En cuanto a la equidad, se requiere lograr la universalización de la cobertura de los servicios sociales (salud, educación, nutrición y seguridad social), la mejora de la calidad de estos servicios y un plan de promoción de la educación técnica y la capacitación. Es imprescindible contar con programas económicos que incentiven la generación de empleos. La segunda esfera, debe edificar un sistema de justicia que erradique la impunidad, por lo que se requiere, entre otros elementos, mejorar la gestión del sistema de justicia, fortalecer la investigación criminal, apoyar a las víctimas y contar con protocolos de respuesta ante hechos delictivos. Finalmente, mejorar la capacidad y control interno de las cárceles y desarrollar programas de rehabilitación y reinserción social y económica.
Garantizar la seguridad es un buen negocio para toda la sociedad. En lo económico, de acuerdo con el Banco Mundial (Crimen y Violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo.), una reducción del 10% en los homicidios podría incrementar el PIB per cápita anual hasta en un 1.0% en El Salvador, un 0.7% en Guatemala y Honduras, y un 0.3% en Panamá y Nicaragua. En lo social, la visión integral de la seguridad puede ayudar en la búsqueda de acuerdos, entre empresarios, trabajadores y gobiernos, para definir responsabilidades y metas a alcanzar en materia de desarrollo social y económico. En lo político, vivir sin el temor a la violencia o a la muerte arbitraria, será un paso concreto para que los ciudadanos continúen apostando y contribuyendo a la consolidación de la democracia.
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